Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no existe un dato oficial por parte de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto económico del llamado “huachicol fiscal”, es decir, el contrabando y venta irregular de combustibles. Aunque la procuradora fiscal Grisel Galeano estimó un daño de 600 mil millones de pesos, Sheinbaum aclaró que dicha cifra proviene de declaraciones legislativas y aún no puede considerarse oficial. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que el saldo histórico de querellas por estos ilícitos asciende a 16 mil millones de pesos.
Sheinbaum anunció que al cierre de octubre el gobierno federal contará con una base de datos integrada que permitirá rastrear en tiempo real la importación, producción, transporte y venta de combustibles. Esta trazabilidad, inexistente hasta ahora, se construye con información de Pemex, el SAT, Aduanas, Energía y otras dependencias. La mandataria destacó que se han reforzado los protocolos en aduanas, especialmente tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, lo que ha reducido significativamente el ingreso irregular de combustibles. El objetivo, subrayó, es garantizar transparencia y combatir la impunidad en el comercio energético.
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