El operativo, encabezado por la fiscalía de Nuevo León con apoyo de la Guardia Nacional, se justificó en una supuesta falta de comparecencia ante una notificación del Ministerio Público. Sin embargo, especialistas en derecho señalan que este tipo de procedimientos son utilizados como estrategia para legitimar arrestos bajo acusaciones de rebeldía, lo que refuerza la percepción de persecución hacia el directivo y la empresa editorial.
La aprehensión se inscribe en el llamado “Caso Vanguardia”, documentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un ejemplo de hostigamiento judicial contra medios en la región. Diversos fallos previos han evidenciado inconsistencias en las demandas mercantiles y civiles promovidas contra el periódico, señalando que las presuntas deudas carecen de sustento y responden a intereses políticos y económicos.
Juristas y organizaciones civiles han advertido que estas acciones buscan silenciar la labor crítica de Vanguardia, mediante presiones legales y demandas desproporcionadas. La detención de Castilla Galindo representa un nuevo episodio en una serie de intentos por debilitar la libertad de prensa y limitar el ejercicio periodístico independiente.
Con este hecho, Grupo Vanguardia reafirma su compromiso con la verdad y denuncia que la persecución judicial constituye un ataque directo a la libertad de prensa en México.
